Venezuela denuncia que informe de “misión independiente” es un monumento a la propaganda de guerra

Este sábado, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, junto con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunciaron en rechazo al informe emitido el pasado 16 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de la ONU.

En declaraciones a los medios, el canciller Arreaza inició su intervención aclarando que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprueban resoluciones las cuales tienen mandatos de cooperación, y que van en coordinación con los Estados miembros.

“Hay dos resoluciones, una de cooperación con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y su oficina -aprobada en el 2018, ratificada en el año 2019 y que aspiramos que se renueve este año-, que va funcionando y trabajando en el terreno con sus tropiezos y avances, pero en todo caso es la que el Estado venezolano avala, y otra resolución que surge de la agresión del autodenominado Grupo de Lima y de países cartelizados, dirigidos desde Washington para bombardear y dinamitar el trabajo de la oficina y su cooperación con Venezuela”, apuntó el Canciller.

Asimismo, dijo que este “informe tendencioso” busca torpedear el diálogo que se ha instalado en Venezuela, perturbar el proceso electoral y perturbar el rol de Venezuela en las relaciones internacionales. “Es una resolución agresiva, mentirosa, y lasciva de la soberanía venezolana contemplada a través de una Misión de Determinación de Hechos”.

El Canciller alertó que el informe de la Misión Internacional es la variante jurídica de la llamada Operación Gedeón, que desmontó el Gobierno venezolano el pasado mes de mayo y que buscaba asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Estado.

“Este informe, si es que se le puede llamar así, es la variante jurídica de la Operación Gedeón contra Venezuela, utilizaron las mismas tácticas y van tras los mismos objetivos, los mercenarios querían matar al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, es exactamente lo mismo que busca este informe, la muerte moral y la muerte de la Revolución”, indicó.

Señaló que los “expertos” de la Misión Independiente de la ONU “están haciendo política con los derechos humanos y no para los derechos humanos (…) Hicieron una reedición del informe de Almagro para agredir a Venezuela”.

Denunció además que ninguno de los miembros de la misión visitó Venezuela por lo que era una irresponsabilidad, un fraude absolutamente, y un monumento a la propaganda de guerra, ya que se les había informado diplomáticamente que había un equipo de la ONU trabajando en esa materia.

En esa misma línea, criticó que se asignaran cinco millones de dólares para la realización del informe. Y dijo que el mismo coincide con la gira intimidatoria de Mike Pompeo por los países vecinos de Venezuela, para ganar votos en Florida.

Balance en materia de DDHH

Por su parte, el Fiscal General de la República ofreció un balance sobre la gestión del Ministerio Público y destacó que el organismo le ha dado respuesta oportuna a todos los casos para garantizar los derechos humanos en el país, por lo que “el informe dado por una supuesta comisión financiada por el Grupo de Lima, que cobró cinco millones de dólares para hacer propaganda, no comprueba nada”.

Agregó que el órgano titular de la acción penal ha imputado a 804 funcionarios y 123 civiles, para un total de 927 personas, quienes a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia son señalados como responsables de la vulneración de derechos humanos.

Detalló que estas personas han sido acusadas por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y/o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en nuestra legislación”.

Asimismo, apuntó que “desde el año 2017 hasta la fecha el Ministerio Público ha acusado a número considerable de funcionarios que representan cifras irrebatibles y que han compartido con la oficina de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH, como ejemplo de respeto y garantía para el pueblo”.

El fiscal Saab informó además que se han realizado más de 3 mil 246 inspecciones técnicas, una cifra importante que devela y detalla el método de trabajo minucioso que se realiza en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal.

“Hemos venido adelantando y dejando al descubierto la cultura de impunidad y de alianza con los violadores de los derechos humanos que tuvo la gestión pasada (…) Habría que saber cuántas experticias realizaron los creadores de este informe. Ninguna porque nunca estuvieron en campo”, apuntó.

Durante su intervención, el Fiscal General de la República denunció que el informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela está marcado por un sesgo político para atacar a las instituciones venezolanas, pero con una “terrible” falla de origen al no hacer las investigaciones en el terreno.

“Este informe es un anexo del supuesto gobierno interino, copiaron y pegaron declaraciones de actores políticos que nada tienen que ver con los derechos humanos para promover agresiones contra las instituciones”, precisó.

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