El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Alexander Yánez, argumentó este miércoles que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela son ilegales, porque que violentan los principios de no intervención en los asuntos internos de otro Estado; la autodeterminación y la soberanía, y tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos y el derecho al desarrollo, establecido por las Naciones Unidas como prioritario para los pueblos.
En el foro telemático «Medidas Coercitivas Unilaterales y bloqueo contra Venezuela», organizado por el Comité de Solidaridad Internacional (COSI), el representante de la Cancillería puntualizó que además estas medidas coercitivas, mal llamadas sanciones, son adoptadas fuera del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que existe un acervo de más de 30 resoluciones de la Asamblea General y más de 20 del Consejo de Derechos Humanos que cuestionan la legalidad de esta política imperial.
El Viceministro en su disertación expuso el contexto general del tema, concepto de medidas coercitivas unilaterales, elementos para entenderlas, tipología, fundamentos sobre su legalidad e ilegalidad, posición de la ONU al respecto y la remisión interpuesta por el Gobierno Bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Recordó que desde 2015, cuando la gestión de Barack Obama firmó la orden ejecutiva que consideraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, el Gobierno norteamericano ha emitido más de 300 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano, afectando incluso a personas y empresas de terceros Estados por su vinculación con la nación bolivariana.
Sobre su definición, el diplomático consideró el concepto que emplea Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y su impacto negativo en los derechos humanos, y resumió que son aplicadas por Estados sobre otros Estados o personas capaces de tomar decisiones sobre ese otro Estado; son esencial aunque no exclusivamente de tipo económico y están destinadas a cambiar una política o conducta del país objetivo de las medidas.
En relación con la remisión introducida en la CPI en febrero de este año, el viceministro Yánez explicó que se fundamenta en el artículo 14 del Estatuto de Roma y sobre la tesis de la jurisdicción por efectos, destacando que han consignado suficientes pruebas de la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano como para juzgar la comisión de delitos de lesa humanidad en la aplicación de estas medidas por parte de la administración estadounidense.
«Las medidas coercitivas unilaterales son una suerte de misiles administrativos restrictivos que se lanzan en todo el territorio del planeta y cuyos efectos se producen en Venezuela», acotó.