Expediente de Sures ante la CPI sistematiza más de cinco años de aplicación de medidas coercitivas de EEUU contra Venezuela

Lucrecia Hernández, directora de la organización Sures, animó a ser positivos frente al expediente que en representación de la sociedad civil introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI), que sustancia la denuncia interpuesta por el Gobierno venezolano el 13 de febrero contra la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos por constituir delitos de lesa humanidad.

En entrevista con la multiestatal Telesur, la representante de la asociación civil venezolana, dedicada a la defensa de los derechos humanos, explicó que existen elementos para abrigar esperanzas, como los antecedentes en la CPI de casos de condena y que hoy la comunidad internacional está reaccionando frente a la aplicación de estas medidas, al igual que instancias de las Naciones Unidas, como relatorías especiales y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que se han expresado en contra de su mantenimiento en medio de la pandemia de COVID-19.

“El pueblo de Estados Unidos se está revelando contra la forma de gobierno que tiene y la forma de gobernar del presidente Trump, y un ejemplo son las protestas violentas que ocurren, que no solamente se detonaron por el tema de la xenofobia sino que hay un levantamiento hacia la forma de gobernar de EEUU, tanto con el pueblo como con el mundo”, puntualizó.

Agregó que más allá de que haya una sentencia concreta por parte de la CPI, “el mundo está abriendo los ojos en contra del impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los pueblos”.

La directora de Sures explicó que vienen sistematizando desde hace más de cinco años la aplicación de estas medidas, cuyo punto de inicio lo fijan en la Ley 113-278 del Congreso de EEUU de 2014, que afecta toda la dinámica financiera de la República Bolivariana, al obstaculizar todas las operaciones de Pdvsa y el Banco Central de Venezuela.

Precisó que a partir de esta Ley, el Gobierno estadounidense empezó a dictar una serie de órdenes ejecutivas, que son como decretos de emergencia que habilitan el dictado de otras medidas por parte de instancias como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, las cuales vienen afectando todas las relaciones comerciales de Venezuela con el mundo.

Lucrecia Hernández detalló que para la elaboración del expediente enviado a la CPI, intercambiaron metodología con organizaciones de países como Cuba y China, con bloqueos de vieja data, para el levantamiento y sistematización de la información.

Especificó que el expediente recoge testimonios y denuncias que día a día llegan a Sures sobre cómo se violentan los derechos del pueblo a través de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración estadounidense y que se replica en países aliados a ésta.

La directora exhortó a seguir apostando al multilateralismo y a la Organización de las Naciones Unidas como una instancia para la resolución de conflictos y gestionar la solución a los graves problemas de la humanidad, por lo que instó a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos a seguir aprobando resoluciones y condenas concretas al tema del bloqueo, y a servir de tribuna donde los países puedan sentarse a conversar para que definitivamente se eliminen estas medidas contra los pueblos del mundo.

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Temas: Venezuela denuncia sanciones ante la Corte Penal Internacional.

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