Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas expresa nuevamente su condena a la política de agresión de EEUU

La Confederación Sindical de trabajadores de las Américas (CSA) que representa a 55 millones de trabajadores en el continente, expresa nuevamente su firme condena frente a la cada vez más agresiva política del gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, contra Venezuela y su escalada de medidas económicas, diplomáticas y amenazas militares contra ese país. Desde la CSA ya hemos cuestionado por injustas y desmedidas las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2016 por parte del gobierno de EUA, Unión Europea y otros gobiernos del mundo. La CSA siempre ha defendido el diálogo con todos los sectores venezolanos, para encontrar una salida de paz y respeto al Estado democrático de Derecho. El mundo atraviesa por una pandemia donde la preservación de la vida, el combate al virus COVID-19 es una prioridad absoluta. Cualquier acción de recrudecimiento de sanciones económicas, estímulo a la violencia e intentos de intervención militar, sea cual sea el pretexto usado, es un acto criminal contra la población venezolana y una amenaza a la paz en América Latina y Caribe. En este momento que vive el mundo, utilizar una política unilateral, arbitraria e ilegal de decisiones de los órganos de poder en los EE.UU., viene a profundizar una postura intervencionista y violatoria de la legalidad internacional. El 26 de marzo, el Fiscal General de EE.UU anuncia la acusación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser jefe del narcotráfico internacional, responsable de la cocaína que ingresa a territorio estadounidense y pone precio a su cabeza, así como a la de una parte de los altos mandos militares y políticos de ese país. El 1ro. de abril, el secretario de Estado Mike Pompeo, anuncia una iniciativa denominada Marco de transición democrática en Venezuela, que supuestamente deberá conducir a “elecciones presidenciales y parlamentarias libres”, previa a la renuncia del presidente Maduro y el supuesto presidente transitorio, diputado Juan Guaidó. El 2 de abril, se anuncia la decisión del Departamento de Defensa de enviar la mayor flota naval y aérea, de la cual se tenga conocimiento en la historia reciente de la región, para bloquear el supuesto tráfico de estupefacientes de Venezuela hacia los EE.UU. Son medidas que extrapolan la competencia de las instituciones estadounidenses frente a Venezuela que, además de ilegal, es absolutamente equivocada por aprovechar el momento de la pandemia para profundizar la crisis en ese país. Rechazamos la actitud irresponsable del secretario general de la OEA y gobiernos de la región, que en medio de una emergencia sanitaria que sacrifica a centenares de ciudadanos de sus países, expresan su apoyo a un plan de agresión criminal que solo profundizará el sufrimiento del pueblo de Venezuela. La escalada de agresión va en contravía del llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de poner fin a los conflictos militares y levantar las sanciones a todos los países del mundo para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19. Defendemos, además del fin de las sanciones económicas y una inmediata acción de la ONU, del FMI, del Banco Mundial y del BID, en coordinación con el Estado venezolano, para apoyar al pueblo de Venezuela con todo aquello que le permita hacer frente a la pandemia y sobre todo atender las necesidades socio económicas en el corto, mediano y largo plazo para mitigar los efectos de la pandemia en el país. La CSA reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela y demanda de todos los gobiernos de la región y del mundo, así como también de los organismos internacionales, rechazar la agenda de violencia e intentos de posibles intervenciones militares. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Venezuela a la unidad nacional y poner en absoluta prioridad el combate a la pandemia para la preservación de la vida de las venezolanas y venezolanos.