Los miembros de las Naciones Unidas han conferido al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, esto de conformidad con la Carta de la ONU. En tal sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela instó este lunes, a través de una carta consignada al presidente del Consejo, embajador Vassily A. Nebenzia, a que la ONU reafirme su autoridad ante la ilegal manipulación e intento de implementación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para justificar el uso de la fuerza militar contra el país suramericano.
El pasado 11 de septiembre, las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Paraguay, Honduras y República Dominicana, aprobaron en sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR, bajo el argumento de que la actual situación en Venezuela tiene un “impacto desestabilizador” y constituye una “amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”.
Con la aprobación de la convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR, en el seno de la OEA, se planea emprender la agresión militar contra Venezuela, siendo este un Estado no signatario de este anacrónico mecanismo que nos devuelve a la época de la Guerra Fría.
El TIAR, desde su creación en 1947, nunca ha sido activado, y la amenaza sobre el uso de la fuerza militar contra un país, o bien la materialización de la agresión, debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de lo contrario se conformaría como una flagrante violación de la Carta de la ONU, instrumento internacionalmente aceptado por 193 países para regir las relaciones entre los Estados, al que todos sus signatarios, entre los que se encuentran los miembros del TIAR, se comprometieron a respetar para promover la paz y la seguridad internacional.
Reza la carta consignada ante el Consejo de seguridad que “el uso del TIAR, tal y como fue invocado el 11 de septiembre de 2019, viola el derecho a la paz y la seguridad del pueblo venezolano y los derechos de la República Bolivariana de Venezuela como Estado miembro pleno de las Naciones Unidas”.
“Los 11 Estados que amenazan con el uso de la fuerza armada contra Venezuela, manipulan un acuerdo regional como el TIAR para deliberadamente ignorar la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, se denuncia en la misiva.
Por su parte, la Carta de las Naciones Unidas establece solo dos supuestos para el empleo de la fuerza militar contra un Estado: la autorización del Consejo de Seguridad y la invocación del derecho a la legítima defensa.
La legítima defensa es un derecho intrínseco que se justifica solo ante la existencia de un ataque armado o un acto de agresión; esa condición no existe en Venezuela, y en cuanto a la autorización por parte del Consejo de Seguridad, tampoco ha ocurrido. Por tanto, la invocación del TIAR se convierte en un irrespeto a las competencias del Consejo de Seguridad de la ONU, y una afrenta a los Estados miembros de la Organización que confieren esta potestad al Consejo.
“No es posible utilizar el TIAR sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad. En el caso de Venezuela, esa autorización no existe, ni ha sido solicitada. Los Estados Unidos y sus países acompañantes violan la Carta cuando se arrogan ese poder que todos los Estados confirieron solo al Consejo de Seguridad”.
Contrariamente, el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de desescalar las controversias, promoviendo la implementación de mecanismos de arreglo pacífico.
Asimismo, la misiva consignada cita el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas en la que se establece que “en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas, en virtud de la presenta Carta y sus obligaciones contraídas, en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.
Alianza Washington-Bogotá
La temeraria acusación de Estados Unidos y de Colombia al decir que Venezuela “es una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica”, carece de todo fundamento, pero, sobre todo, transgrede el derecho internacional, pues no reside en el gobierno estadounidense la competencia de determinar a Venezuela como una amenaza que amerite el uso de la fuerza militar, constituyéndose como un ataque claro a la soberanía y autodeterminación de los pueblos para alcanzar intereses foráneos.
Señala el documento entregado que “el intervencionismo militar del gobierno de Estados Unidos, cuenta con el apoyo del gobierno de Colombia, el cual se propone militarizar sus relaciones con Venezuela, tratando de involucrar a nuestro país en su histórica guerra interna cuyas causas son puramente endógenas”
“Otra vez aparece el intervencionismo militar como instrumento para forzar el derrocamiento del gobierno democrático de Venezuela (…) Las motivaciones nada tienen que ver con la paz y la seguridad internacionales”, aludiendo entonces a los intereses de Estados Unidos y Colombia sobre la política venezolana.
En 70 años de existencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Estados Unidos ha implementado la fuerza militar en la región en las siguientes oportunidades: República Dominicana (1965), Granada (1983), Nicaragua (1984), Panamá (1989) y Haití (2004); quedando demostrado que la agresión militar no es la vía para lograr la paz en la región.