En el marco del 167° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolla en Bogotá, República de Colombia, Larry Devoe, Agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, presentó a los comisionados el impacto y las repercusiones que tienen las sanciones económicas unilaterales impuestas por EE.UU. en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela.
Devoe señaló que Venezuela está siendo sometida a medidas coercitivas unilaterales de carácter general y cuestionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha optado por invisibilizar estas sanciones económicas a pesar del impacto negativo que tienen sobre la garantía de los derechos humanos, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
“El Relator Especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazairy, instó el año pasado a todos los países a evitar aplicar sanciones contra Venezuela, mientras el Sistema Interamericano, especialmente el Secretario Ejecutivo de la OEA, ha alentado y apoyado medidas coercitivas unilaterales impuestas al país”, señaló.
Durante la sesión, Devoe recordó que desde el 8 de marzo de 2015, cuando se aprobó la Orden Ejecutiva N° 13692 del Presidente Barack Obama donde se declara a Venezuela como amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de los EE.UU., el país ha sido objeto de una escalada de agresión económica, que se profundizó con la Orden Ejecutiva N° 13808 aprobada por Trump el 24 de agosto de 2017 para la interrupción de las corrientes financieras del país.
“Las formas de presión económica más extendidas en el mundo por parte de las grandes potencias mundiales, son las sanciones económicas, las cuales siempre producen consecuencias en la garantía de los derechos humanos, especialmente en la distribución y suministro de alimentos, medicinas, entre otros insumos esenciales”, subrayó.
Al respecto, Devoe detalló algunas consecuencias de las sanciones impuestas por EE.UU.:
Julio de 2016: Citibank cerró las cuentas bancarias del Banco Central de Venezuela y del estatal Banco de Venezuela, dificultando el pago a proveedores de bienes esenciales.
Noviembre de 2017: Laboratorio BSN Medical (Colombia) canceló el despacho de tratamiento para malaria (Primarquina) al enterarse que el destino final sería el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.
Noviembre de 2017: Proveedora de servicios financieros Euroclear retuvo 1.650 millones de dólares de Venezuela que serían destinados a la compra de alimentos y medicinas.
Noviembre de 2017: Banco Wells Fargo retuvo y anuló pago de 7,5 millones de dólares, por concepto de venta de energía a Brasil.
Diciembre de 2017: 2.200 toneladas de carne de cerdo fueron retenidas por dos semanas en la frontera con Venezuela. Varias toneladas se pudrieron durante la retención.
Finalmente, el Agente del Estado venezolano lamentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya optado por guardar silencio frente a los perjuicios que las medidas coercitivas de los Estados Unidos puedan generar sobre los sectores más vulnerables de la población venezolana.